El decreto provocó protestas de sindicatos y recursos ante el Tribunal Constitucional como el que planteó la Junta de Andalucía y que en parte la declaró inconstitucional.

Desde la perspectiva legal, son cifras razonablemente positivas, porque están por debajo o en el entorno del límite que marca la ley. A saber, un máximo de 25 alumnos por aula en Infantil y Primaria; hasta 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es eliminarlo y para ello está preparando un proyecto de ley que presentará en el Congreso y al que se referirá la ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, en una comparencia ante la correspondiente comisión parlamentaria el miércoles de la semana que viene.

Por el momento no se ha tomado ninguna medida concreta, pero se plantea modificar estos aspectos que, afirma, "han sido muy discutidos e la comunidad educativa".

  1. "La posibilidad de elevación de los ratios por alumno por aula hasta un 20%", contemplan una tasa de reposición del 100% de funcionarios para las Administraciones Públicas, que permitiría mantener los ratios de antes del decreto ley de 2012.

  2. Intención de que los profesores recuperen su jornada lectiva de 18 horas, tal y como marca una regulación estatal que en la fecha en que se aprobó el Decreto no existía pero que ahora sí.

  3. Se plantea modificar el plazo de 10 días que la normativa en vigor permite que un centro público esté sin profesores suficientes hasta que se proceda a nombrar funcionarios interinos para sustituirlos.