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José Ucha: Hay colegios que deben mejorar contra el acoso

José Ucha: Hay colegios que deben mejorar contra el acoso


"Los padres tienen que controlar más el uso del móvil y en los centros no debería permitirse en horario lectivo" - "La dependencia del teléfono en todo momento y lugar repercute negativamente en la evolución del menor"

José Manuel Ucha (Ourense, 1967) es el fiscal provincial de Menores desde hace una década.

El Gobierno alertó esta semana de que las denuncias a menores por violencia machista se han triplicado en 9 años, con 356 casos registrados en diez meses. ¿Existe esta problemática en Ourense?

  • No hemos tenido un aumento significativo. La violencia machista no es un problema de delincuencia juvenil en Ourense, pero sí la violencia filoparental ascendente, es decir, los casos de hijos que agreden a sus padres. La cifra de este tipo de hechos va en aumento tanto a nivel provincial como en Galicia.

¿Cuáles son las causas de que adolescentes peguen a sus padres?

  • De manera mayoritaria, una falta de control de impulsos sumada a las patologías que suelen tener estos chicos y al consumo de hachís y marihuana. También influyen patrones paternos de tolerancia total y una falta de habilidades para reconducir el comportamiento del hijo. Es preciso adoptar medidas cuando son pequeños. En cierta manera, estos progenitores tratan de justificar el comportamiento del hijo hasta que llega un momento en que esos menores se convierten en los que mandan en el hogar.

¿Perjudican el exceso de tolerancia y la sobreprotección?

  • Sí, tanto la permisividad excesiva como la sobreprotección mal entendida. Muchos padres niegan el problema que tiene su hijo y no piden ayuda desde un principio en el centro escolar, a las entidades públicas y a nivel sanitario.

¿Qué indicios de comportamiento en la adolescencia, o incluso en la infancia, deberían poner en alerta a los progenitores?

  • El absentismo y el fracaso escolar, las agresiones en el ámbito educativo y los consumos. La violencia filoparental se manifiesta en ocasiones ya en el colegio, porque se trata de chavales que son especialmente agresivos. Aunque también existen perfiles de jóvenes con un comportamiento totalmente normal en el resto de ámbitos de su vida que, en casa, vuelcan su violencia porque hay un exceso de sobreprotección.

¿Es posible reconducirlo? ¿Cómo es el proceso que viven los padres cuando llegan al extremo de tener que denunciar a sus hijos?

  • Acuden a la Fiscalía como último recurso y, en ocasiones, ya es tarde, porque nos encontramos con jóvenes próximos a los 17 y 18 años, por lo que el margen de actuación de la jurisdicción de menores es limitado. ¿Cómo dar con una solución con carácter previo? Los padres tienen que detectar la causa de la agresividad de sus hijos y deben buscarla, en primer lugar, en el ámbito educativo. Si existe solución médica o psicológica deben adoptarla. En el ámbito de la violencia filoparental son bastante significativos los programas de terapia familiar, pero esta vía exige la implicación de las dos partes.

Además, es muy importante la educación de los hijos en la no tolerancia de los consumos alcohólicos y de sustancias estupefacientes. El hachís y la marihuana son una lacra que, unidas con el alcohol, problemas de conducta y de comportamiento, un TDH o una falta de control de impulsos, crean una bomba de relojería que va a acabar en un enfrentamiento familiar. Llega un momento en que esos chavales ya no obedecen las normas, quieren entrar y salir de casa cuando les da la gana y sufren fracaso escolar. Todos son componentes para que exista una situación de conflicto familiar continuado.

Ha avisado en anteriores ocasiones del riesgo de la aceptación que tiene el hachís entre los jóvenes.

  • Es una sustancia estupefaciente perniciosa en el desarrollo evolutivo de los menores, sobre todo en los que tienen alguna problemática añadida. El consumo de hachís es como un medio de interacción social, de tal manera que entre los jóvenes parece que el que no fuma es un pringao. Se usa como un método de adaptación. Pero el consumo de hachís es un detonante para que otras problemáticas del menor exploten.

¿Están los padres suficientemente concienciados?

  • Sí le dan importancia, ninguno es tolerante al consumo de hachís y marihuana. Pero muchos son desconocedores de ese consumo. Notan un problema de agresividad en el ámbito familiar o una falta de control de impulsos del menor, que trata de imponer su voluntad en casa. Nos encontramos con un problema por la negativa de ciertos menores a seguir un programa de deshabituación. La asistencia a la Unidad de Conductas Adictivas es, en cierta manera, voluntaria. No tenemos medidas para imponer a un menor que acuda si no quiere hacerlo. Incluso en los casos más graves, cuando se impone una medida de internamiento terapéutico y existe algún tipo de adicción, si el menor no quiere seguir un tratamiento de salud no está obligado.

¿Es un factor de delincuencia?

  • En la mayoría de casos, sí, sobre todo entre los jóvenes.

¿El abuso de la tecnología y las redes sociales crea problemas?

  • A día de hoy es una problemática social, sobre todo la dependencia de los móviles. El mayor castigo que un padre puede imponer a su hijo no es dejarlo sin salir dos días, sino retirarle el teléfono. La dependencia del móvil en todo momento y lugar repercute negativamente en la evolución del menor. Es la puerta abierta a Internet, desde donde se pueden explorar todos los mundos. Además, las nuevas tecnologías son un medio para que los menores puedan sufrir atentados contra su integridad sexual o ser víctima de otros delitos, como el ciberacoso. Hace falta un mayor control por parte de los padres y soy partidario de que en horarios lectivos no debería permitirse el uso del teléfono en el colegio, dando prioridad a otras tecnologías vigiladas por el profesor.

¿Hay casos en Ourense de menores víctimas de ciberacoso, sexting o delitos favorecidos por el mal empleo de la tecnología?

  • Cuando hablamos de acoso nos referimos a un delito contra la integridad moral. Las nuevas tecnologías hacen que la situación de agresión, insulto y aislamiento social continúe fuera del aula, impidiendo el descanso del menor que es víctima. De ahí la importancia de que los padres puedan controlar y acceder a los móviles y plataformas de los hijos, para poder saber qué sucede.

¿Cuántos casos de acoso escolar se producen en Ourense al año?

  • No hay más de 3 o 4. Situaciones de conflictividad, como una agresión, un insulto o una vejación, sí se producen con más frecuencia. Al acoso escolar se llega cuando el ataque se produce a un menor por parte de otro, o de un compañero, tanto en horario lectivo como en actividades extraescolares. Tiene carácter habitual, muy reiterado en el tiempo y causa en el menor un grave atentado contra la integridad moral, acreditado por el correspondiente informe psicológico que ponga de manifiesto el menoscabo que está sufriendo ese menor en su dignidad como persona. También puede ser acoso escolar un solo hecho que en sí mismo tenga la gravedad suficiente como para causar ese atentado contra la integridad.

¿Cómo frenar las primeras manifestaciones que podrían derivar en el futuro en acoso escolar?

  • El primer lugar donde debe frenarse es en el ámbito escolar. Los profesores no pueden dar la espalda y negar el problema. Dentro de los colegios deben adoptarse medidas y poner en marcha los protocolos. Todos los centros tienen que tener, dentro de sus normas de convivencia, un programa de prevención, detección, tratamiento y erradicación del acoso escolar. Deben tomárselo en serio porque, como su nombre indica, es un problema que tiene que ser resuelto por la autoridades académicas. La Fiscalía de Menores no puede implicarse en políticas de prevención, no le corresponde porque afectaría a su objetividad e imparcialidad.

¿Hay colegios, pues, que miran para otro lado ante el acoso?

  • No sé si hay colegios que miran para otro lado o no, pero sí que hay temas tratados de una manera conveniente en algunos centros educativos, y en otros no. Hay algunos que podrían mejorar mucho.

Entonces algunos casos de acoso escolar que llegaron a la vía penal pudieron haberse zanjado antes.

  • Desde luego que sí, casi todos se pudieron haber frenado en el aula si se hubiesen adoptado las medidas necesarias. Existe cierto miedo por parte del profesorado a implicarse en estas situaciones por las consecuencias que puede acarrear. Nadie quiere venir a la Fiscalía a declarar, nadie quiere ir a un acto de juicio, y también influye la responsabilidad civil que en cierta medida acarrean estas situaciones para el profesorado y los centros.

Con todo, en la mayoría de casos de los que la Fiscalía tiene conocimiento se da una respuesta en el ámbito académico. En ese momento, tanto los padres del acosador como los de la víctima toman cartas en el asunto para evitar que esas situaciones vuelvan a producirse. En algunos colegios se llevan a cabo programas específicos para concienciar a los menores en principios como la solidaria y la igualdad entre diferentes. Por ejemplo, se pueden imponer medidas como el apoyo al ingreso escolar de un extranjero o que la persona acosadora se convierta en el acompañante de alumnos que tienen un problema de integración.

Cuando llegan a su despacho y ven a lo que se enfrentan en la vía penal, ¿se arrepienten?

  • Hay acosadores que sí reflexionan cuando les hablas aquí. Si podemos conseguir una conciliación entre el agresor y la víctima, a la que oímos, y el primero se compromete a cumplir una medida extrajudicial que le impone el equipo técnico de la jurisdicción de menores, nosotros archivamos, no tenemos que llevar el caso a juicio.

Con el centro de Montealegre cerrado desde 2012 y a la espera de su reapertura, Ourense sigue sin un centro para los menores con graves problemas de comportamiento.

  • La Xunta tiene previsto abrir este año Montealegre para acoger a menores con trastornos de conducta. Es muy necesario para dar una respuesta en el ámbito de la protección, no de la reforma, sin necesidad de un proceso judicial ni una sentencia. Es mucho más educativo para el menor. A través de estos centros y la correspondiente autorización judicial por parte del juzgado de Familia se pueden resolver estos problemas, obligando a los menores a seguir un tratamiento con el consentimiento de los padres.

Algunas familias han tenido que recurrir estos años a centros privados en otras comunidades.

  • Sí, algunos padres han acudido a entidades privadas para buscar ayuda, o bien han utilizado los recursos educativos y sanitarios de los que disponemos en la actualidad. Y cuando la situación degenera en violencia en el ámbito doméstico, recurrir a la denuncia y a la medida judicial.

¿Está suficientemente coordinado el sistema de protección del menor o existe alguna carencia?

  • Todo es mejorable. Por ejemplo, en la ciudad la prevención y erradicación del absentismo es un éxito si lo comparamos con otras zonas. Sería importante que ese programa específico se instaurase a nivel de toda la provincia. Además de en la capital, el control de las faltas reiteradas a clase también está funcionando bien, aunque no exista un programa específico, en la zona de Maside y O Carballiño. Los servicios sociales están haciendo una labor muy importante. Mayoritariamente, todos los casos que estamos tratando de erradicar son de menores de familias de etnia gitana de esas localidades. De otras comarcas, al no existir un seguimiento, los casos de los que tiene conocimiento la Fiscalía son escasos.

¿Se coordinan bien todas las instituciones?

  • Hay que mejorar la prevención de las situaciones de riesgo, al margen de la actuación que lleva a cabo la Xunta de Galicia en los casos de desprotección. Según la ley de protección jurídica del menor, la administración que debe actuar ante las posibles situaciones de riesgo del menor son los servicios sociales, y para que sea posible los ayuntamientos tienen que disponer de personal cualificado para poder intervenir en esos casos. También serían necesarios cierta coordinación a nivel provincial y ayudas a las mancomunidades para que dispongan de personal que pueda atajar las situaciones de riesgo de los menores.
Fuente: Faro de Vigo.