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La comunidad educativa pide al Gobierno que los alumnos evalúen a los profesores en la ESO

La comunidad educativa pide al Gobierno que los alumnos evalúen a los profesores en la ESO


El resultado del análisis no tendría consecuencias para el profesorado, sería “meramente informativo” y serviría para elaborar planes de mejora

La comunidad educativa quiere que los alumnos de la ESO, de los 12 a los 16 años, evalúen a sus profesores. Así lo ha acordado hoy el Consejo Escolar del Estado, que a finales de esta semana enviará al Ministerio de Educación su informe definitivo con propuestas para incluir en la nueva ley de educación. “Dentro de la enseñanza pública, es una medida totalmente nueva que permite analizar el sistema educativo desde la perspectiva de los estudiantes. Es una revolución”, explica Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), organismo que ha presentado la enmienda, aprobada con 32 votos a favor y 29 en contra. La evaluación no tendría ninguna consecuencia para el profesorado, sería “meramente informativa” y serviría para elaborar planes de mejora.

El Consejo Escolar del Estado —órgano consultivo del Gobierno integrado por profesores, alumnos, familias, representantes de las escuelas concertadas y privadas y miembros de la propia Administración— se ha reunido hoy para votar las 500 enmiendas presentadas por los diferentes grupos; solo 122 han salido adelante. Su informe es preceptivo y no vinculante, lo que quiere decir que el ministerio tendrá que estudiarlo pero no es obligada su aplicación. “Ha sido un pleno en el que se ha visto que había posturas muy diferenciadas, pero ha transcurrido con normalidad y un trabajo muy intenso”, se felicita José Antonio Martínez, miembro del consejo. “La comunidad educativa ha dado muestra de que, a pesar de las discrepancias, se dialoga”.

Además de evaluar al profesorado, la medida contempla que los estudiantes también pongan nota a la organización interna del centro escolar y a las infraestructuras. En cambio, esa misma medida no ha sido aprobada para su aplicación en primaria (de seis a 12 años). “Es importante que los estudiantes opinen sobre los recursos con los que cuentan, sobre si tienen suficientes profesores o si lo hacen bien o mal, pero en primaria no tiene ningún sentido porque aún no son maduros”, sostiene Maribel Loranca, responsable del sector de enseñanza FeSP-UGT.

Hasta la fecha, ningún Gobierno se ha atrevido a tocar la evaluación del profesorado. La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció el pasado noviembre que lanzará una reforma “integral” de la profesión docente, un paquete de medidas con la mirada puesta en países como Canadá, aunque, por el momento, no hay ningún documento sobre la mesa. La prioridad, dijo, es volcarse en el profesorado, uno de los menos supervisados de la OCDE, y conseguir que se mejore su formación inicial y permanente, así como introducir la evaluación voluntaria para “seguir el mismo modelo de la universidad”. Explicó que a diferencia de lo que sucede con la educación superior, en el caso de la escuela la evaluación no estaría ligada a la antigüedad, pero sí a incentivos económicos y al reconocimiento profesional, como sucede en la universidad.

La ley educativa de 2006, la LOE, ya reconoció en su artículo 106 que las administraciones podrían desarrollar programas de evaluación del profesorado con carácter voluntario, un punto que no se modificó en la LOMCE (ley educativa de 2013). Sin embargo, ese mandato de la LOE apenas se ha desarrollado en las diferentes comunidades autónomas, salvo en Asturias, según informaron fuentes del ministerio.

En 2013 la OCDE puso de manifiesto que los profesores españoles de secundaria son los docentes que pasan menos controles externos, junto con los italianos. En su último informe Talis (2013) —el próximo se publicará en 2019— señalaba que un 36% de los docentes españoles nunca ha sido sometido a una evaluación formal y externa de su labor, según constatan los directores de los institutos, mientras que la media de los países de la organización es del 9%.

Ese mismo informe urgía a España a poner en marcha un “auténtico sistema de evaluación formal del profesorado”, que no existe, y a conseguir que sientan que su desarrollo profesional es más atractivo y relevante.

¿Cuál es el mejor método para evaluar a los docentes? El control formal de su trabajo se puede hacer, según Talis, mediante inspectores, con encuestas al alumnado, evaluando sus conocimientos y las notas de sus alumnos, haciendo que ellos mismos se evalúen o atendiendo a los comentarios de padres y tutores. El sistema más habitual, tanto en España como en la OCDE, es el análisis de las calificaciones de los alumnos, es decir, una fórmula que no indaga directamente en el interior del aula.

En su libro Primera clase, Andreas Schleicher, director de las pruebas PISA, explica que en el mundo existen dos tipos de evaluación del profesorado: una rendición de cuentas administrativa (al Estado), y otra profesional (a los compañeros del profesor, los estudiantes y sus familias). En lugares con modelos educativos exitosos (como Ontario, Nueva Zelanda, Japón o Finlandia) apuestan por los segundos, por “sistemas colaborativos no impuestos desde arriba”, sino fruto de un esfuerzo de cooperación. “Las personas que se sienten profesionales son más propensas a responder a modalidades de rendición de cuentas profesionales e informales y les molestan las más administrativas, que se asocian a entornos de trabajo industriales”, argumenta Schleicher. En países como Singapur, se evalúa a los profesores en 13 competencias. Los docentes tienen que dar cuenta de su participación en el desarrollo académico y personal de sus alumnos, su relación con las familias y con los compañeros de centro, así como su aportación a la escuela.